Los emolumentos de los políticos y servidores públicos colombianos se encuentran en la actualidad elevados y sin control. No hace mucho se realizaban esas funciones como cargas concejiles, o sea, ¡no remuneradas! A la inversa, el salario mínimo que reciben los demás trabajadores no alcanza para ser sustento, ya no del hogar, sino del mismo trabajador.
La respuesta al fenómeno es fácil tomando en cuenta las posiciones privilegiadas de los funcionarios: a la elaboración de las leyes regidoras del país -por ejemplo, las relacionadas con las arcas del erario público-, se suma la nula petición y rendición de cuentas, así como a la ausencia de sanciones, penas o castigos para los gobernadores corruptos.
Esta turbia atmósfera será revertida por la ciudadanía cuando se decida a tomar nuevamente su puesto en el acontecer nacional, como se lleva a cabo en algunos países de Europa, y busque la forma para que el político -al igual que la mayoría de sus compatriotas- tenga que ocuparse de trabajar bien para subsistir decorosamente.
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